FGR encabeza indagatoria por presuntas irregularidades en operativo de Chihuahua con participación de estadounidenses
La Fiscalía General de la República asumió la conducción de las investigaciones para esclarecer posibles responsabilidades derivadas de la intervención de ciudadanos estadounidenses en un operativo realizado en la sierra de Chihuahua, donde fue localizado un laboratorio clandestino presuntamente vinculado con la producción de drogas sintéticas.
De acuerdo con el posicionamiento expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, corresponde a la autoridad federal determinar si durante estas acciones se transgredieron disposiciones de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional.
Investigación federal en el centro del caso
El pronunciamiento presidencial se produjo después de que autoridades estatales insistieran en que no existió conocimiento formal sobre la presencia de personal extranjero durante el despliegue.
Frente a ello, la titular del Ejecutivo subrayó que, más allá de las versiones locales, será la FGR la que establezca con precisión si hubo omisiones, autorizaciones indebidas o actos que excedieran el marco legal vigente en materia de cooperación internacional y seguridad pública.
La investigación federal, según la información difundida en los últimos días, incluye entrevistas a personal ministerial y a funcionarios de distintas áreas del gobierno de Chihuahua, con el objetivo de reconstruir cómo se organizó el operativo, quién tuvo conocimiento de la participación de los extranjeros y bajo qué criterios se permitió su presencia en una acción reservada a autoridades mexicanas.
Este proceso también busca clarificar si existió invasión de competencias federales, además de posibles fallas en los protocolos de resguardo, entrega del sitio y cadena de custodia de los indicios asegurados.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la colaboración de agencias extranjeras en territorio nacional y sobre la obligación de que cualquier mecanismo de coordinación se ajuste plenamente a la legislación mexicana.
En este contexto, la postura del gobierno federal ha sido insistir en que la cooperación bilateral en seguridad no puede desarrollarse al margen de los procedimientos institucionales ni sin conocimiento de las autoridades competentes.
Mientras continúan las diligencias, la expectativa se centra en los resultados que presente la Fiscalía, instancia que deberá definir si hubo responsabilidades administrativas, penales o constitucionales en uno de los episodios recientes más sensibles para la discusión sobre soberanía, legalidad y actuación de fuerzas extranjeras en México.
