Ante la pregunta, ¿Dónde Está Rocha Moya?, Harfuch rompe versiones sobre Rocha Moya y aclara quién lo protege en Sinaloa.

El secretario de Seguridad precisó que el gobernador con licencia permanece en la entidad y que su resguardo no depende del gobierno federal, sino de autoridades locales en medio de una creciente atención pública.

Omar García Harfuch afirmó que Rubén Rocha Moya continúa en Sinaloa y descartó que reciba custodia de instituciones federales, una precisión que buscó cerrar especulaciones sobre su situación actual.

El titular de la SSPC sostuvo que el esquema de protección del mandatario con licencia recae en cuerpos estatales y subrayó que ninguna instancia del Gobierno de México le asigna escoltas en este momento.

La aclaración oficial que reaviva el debate sobre la seguridad del exmandatario

La intervención del funcionario ocurrió después de varios reportes difundidos en días recientes, en los que se hablaba de un presunto dispositivo especial de vigilancia alrededor de Rocha Moya.

García Harfuch insistió en que no existe un despliegue federal enfocado en su protección y reiteró que el político sinaloense sigue localizado dentro del territorio estatal.

El tema tomó fuerza por el escenario de violencia que enfrenta Sinaloa, donde autoridades de distintos niveles sostienen operativos conjuntos para contener estructuras criminales y reforzar la presencia institucional.

Con estas precisiones, la dependencia federal buscó fijar una postura clara sobre el estatus de Rocha Moya y desmentir interpretaciones que apuntaban a un respaldo extraordinario de carácter federal.

UIF aplica medidas preventivas y coloca el caso bajo nueva revisión financiera

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó la inmovilización preventiva de cuentas vinculadas con Rubén Rocha Moya y otras personas políticamente expuestas de Sinaloa tras reportes activados por el sistema bancario.

Días antes, la revisión financiera se había planteado sin bloqueo, pero la Secretaría de Hacienda amplió el alcance de la acción después de recibir nuevas alertas procedentes de instituciones del sistema financiero mexicano.

La propia Unidad remarcó que estas decisiones no representan una conclusión jurídica ni establecen culpabilidad, ya que corresponden a procedimientos administrativos aplicados con carácter estrictamente preventivo.

La autoridad añadió que las personas incorporadas a la lista cuentan con garantías legales, entre ellas audiencia, recursos administrativos y vías jurisdiccionales para impugnar o responder a la medida.

Además, la UIF informó que mantiene el análisis técnico de documentos y reportes relacionados con las personas señaladas, bajo los mismos criterios institucionales que aplica a cualquier otro aviso financiero.

Desde inicios de mayo, la Unidad solicitó a bancos datos sobre cuentas, contratos, saldos e identificación del entorno del exmandatario, y más tarde extendió la revisión a familiares dentro del mismo expediente financiero.

La combinación de definiciones sobre seguridad y movimientos financieros colocó nuevamente el nombre de Rocha Moya en el centro de la agenda pública, con repercusiones políticas, institucionales y mediáticas de alcance nacional.

Mientras avanzan las revisiones oficiales, el caso sigue bajo observación por su impacto en la conversación sobre seguridad, transparencia y responsabilidad pública en uno de los estados más sensibles del país.